Poco a poco, la tragedia del COVID-19 muestra quiénes son los beneficiados con las medidas gubernamentales y de qué manera se hace literatura para camuflar las bondades de un gobierno espurio.

El Banco de la República disminuyó el encaje bancario en más de $9 billones y pidió a los bancos invertir ese dinero extra en títulos de deuda pública interna, “títulos de solidaridad”, los llamó. Con esa simple jugada les regaló a las entidades financieras una utilidad adicional de $500.000 millones.

No fue suficiente con el raponazo a los dineros del FONPET que las entidades territoriales podrían haber utilizado para enfrentar los apuros de la pandemia. A ese manotazo lo denominaron “préstamo”. Es como si a la vuelta de la esquina te apuntan con una pistola y te obligan a que les “prestes” todo tu dinero.

“Contribución” llama el gobierno colombiano al otro raponazo decretado por tres meses a los salarios de funcionarios y contratistas por encima de los $10 millones, y asesta una violación constitucional al clavarles esa contribución que va del 15% hasta el 20%. Las denominadas megapensiones del mismo monto también tendrán que aportarle al Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME.

Los tan anunciados créditos de Finagro por $260.000 millones del programa “Colombia Agro Produce” se distribuyeron así: 6% para los pequeños y medianos productores del campo y el resto, 94% para los grandes propietarios. La Contraloría General de la República denunció que esos recursos, destinados a “garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante la pandemia” se estaban concentrando en manos de grandes agroindustriales y que los estaban utilizando en actividades no productivas.

Bajo la proclama de “aislamiento colaborativo e inteligente” el gobierno nacional cede a la presión de los gremios y ordena reactivar los sectores de la construcción y las manufacturas, pero aclara, sin vida social. Camacol celebra la decisión del subpresidente Duque al permitir que el sector de la construcción retorne a sus actividades a partir del 27 de abril, pues son $34 billones los que están en juego. Con tal medida, dice Sandra Forero, presidenta del gremio, se garantiza el sustento de 1,6 millones de trabajadores directos y se reactiva la cadena de valor de sus agremiados.

Asofondos, en cabeza del detestable doctor Santiago Montenegro, se anotó un hit al lograr el traslado de 20.000 afiliados cuyas mesadas pensionales estaban en riesgo de incumplimiento por recursos insuficientes, a Colpensiones. Este movimiento se concreta con el altísimo objetivo de “garantizar la pensión mínima a los afiliados”. Lo que nadie entiende es para qué sirve el seguro que pagan los fondos privados y además, dónde están las provisiones legales respectivas.

Con el pomposo nombre “Mecanismo especial de pago” bautizaron al hecho de traspasar la obligación de pagar las pensiones de los fondos privados, a Colpensiones. El doctor Montenegro saca pecho, calcula su bonificación especial y escribe sin el menor rubor: “Siendo conscientes que los recursos financieros, medios instrumentales, técnicos y de personal son escasos, todos los colombianos tenemos la obligación de ayudar a derrotar una de las más graves amenazas que ha enfrentado el país en toda su historia”.

Se le olvidó que, apenas el año pasado, había acusado a Colpensiones de ser una pirámide. Una vez más, se confirma la fórmula clásica de nuestras autoridades en temas económicos: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

Como complemento y en ese mismo sentido, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi propuso bajar los salarios de los trabajadores en un 30%. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quiso posar de técnico y propuso un esfuerzo tripartito entre gobierno, empresarios y trabajadores, rememorando las negociaciones de los diciembres, de tal manera que a cada uno le tocaría un 33% de sacrificio.

Se les olvida que nunca, aun en los tiempos de bonanza, han tenido el detalle de propiciar un aumento significativo del salario mínimo. Quizá convenga recordarles la historia de los últimos años:

AÑO	INCREMENTO (%)	INFLACIÓN (%)	EQUIVALENTE (US$)	CONCERTADO
2010	3,6	3,17	271	NO
2011	4,0	3,73	290	SI
2012	5,8	2,44	315	NO
2013	4,02	1,94	315	SÍ
2014	4,5	3,66	308	NO
2015	4,6	6,77	235	NO
2016	7,0	5,75	226	NO
2017	7,0	4,09	251	NO
2018	5,9	3,18	262	SI
2019	6,0	3,8	252	SI
2020	6,0		270	NO

Fuente: Mintrabajo.

En términos reales, tal como se nota con el equivalente en dólares, hay un descenso evidente en el salario mínimo para los últimos diez años. Es muy diciente, además, que de los once años considerados, tan solo se haya alcanzado el consenso en cuatro oportunidades.

El reciente Decreto 492 de 2020 autoriza al gobierno nacional para darle un zarpazo al capital de seis entidades oficiales por valor de $650.000 millones con destino al Fondo Nacional de Garantías. Este fondo tiene como función “facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas” con el fin de endeudar más a los pequeños empresarios y beneficiar, otra vez, a los bancos.

¿Qué queda para los de ruana?

El Decreto 417 de 2020 ordenó la reconexión sin costo alguno del servicio público de acueducto y alcantarillado, unos $40.000 en promedio, para quienes tuvieran suspendido el servicio.

El Decreto 458 de 2020 autoriza al Gobierno nacional para entregar una “transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria” en favor de los beneficiarios de los Programas Familias en Acción por valor de $334.000, Protección Social al Adulto Mayor por $240.000 y Jóvenes en Acción por $712.000. Tal transferencia de dineros implica, en principio, que los beneficiarios tengan –claro está- una cuenta en un banco.

El Decreto 467 de 2020 otorga “alivios económicos para los beneficiarios de créditos” con el ICETEX consistentes en ampliación de plazos, periodos de gracia y reducción transitoria de intereses.

Queda claro: estamos en una Gremiogracia. Y las preguntas saltan a la vista:

¿No es el colmo del descaro beneficiar y seguir beneficiando a los bancos incluso en tiempos de tragedia mundial?

¿Estamos condenados a padecer el poder de los gremios que reclaman más libertad de mercados y poco Estado, pero necesitan de su auxilio?

¿Por qué no se echa mano de las reservas o de los créditos del Emisor si estamos en tiempos extraordinarios de pandemia y no es hora de conservar la ortodoxia?

¿Por qué no se considera eliminar –así sea gradualmente- las generosas exenciones, “cláusulas de estabilidad” y gabelas tributarias a las grandes empresas, como lo ha propuesto el exministro Juan Camilo Restrepo, que no milita en la izquierda?

Con la reciente reforma tributaria eufemísticamente llamada “Ley de Crecimiento” se redujo la tarifa de renta a las empresas. ¿No compensarían con creces las necesidades del Estado colombiano esos recursos entregados a los poderosos?

¿Por qué no se toma la decisión, de una vez, de adelantar el catastro rural para que los grandes propietarios de tierras contribuyan con el impuesto predial, como corresponde a todos los ciudadanos?

¿Quiénes son las “ratas de alcantarilla” que se aprovechan de la tragedia para llenar sus bolsillos?

¿Por qué son siempre los trabajadores quienes pagan los platos rotos de las crisis?

Abril de 2020