Para: Revista Digital Arrierías

La crisis social, económica, política y de valores en nuestro país ha llegado a tal extremo que nos lleva a dudar sobre la concepción o filosofía que enmarca nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1: “Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

¿Por qué la duda? La filosofía del Estado Social que impera en la mayor parte de los Estados democráticos europeos-a diferencia del Estado norteamericano que no es social de derecho sino liberal de derecho- es la prevalencia delinterés generalsobreel individualismo, razón por la cual los derechos fundamentales tienen un valor inmenso dentro de esta concepción moderna, derechos que están debidamente amparados por mecanismos de protección que hacen valer las pretensiones de los habitantes de nuestro país, sin exclusión de ninguna especie.

Los elementos que integran un Estado para que sea reconocido como Estado de Derecho son: a-Imperio de la ley b-División de poderes c-legalidad de la administración y c-mecanismos de protección de derechos fundamentales. Es cierto que estos elementos, debidamente establecidos en nuestra Constitución están ahí, son imperativos, sin embargo la anarquía, la corrupción, la politiquería y la ausencia vital de valores superiores enmarcados en la ética pública han deteriorado de tal manera la vida política y social de los colombianos que muchos tenemos el convencimiento que estamos en un remedo de Estado donde los tres poderes no tienen la independencia y mucho menos la articulación que lleva la validez de una democracia.

¿Imperio de la ley? La justicia colombiana, desde hace muchas décadas ha sido manoseada por los otros dos poderes. Actúan dentro de la justicia profesionales que han sido permeados por la corrupción y/o la cooptación. Jueces que operan con juicios no muy jurídicos ni muy éticos. Así haya jueces y magistrados impecables, ajustados a la ley, que actúan bajo los parámetros que establecen los códigos procedimentales, hay otros de dudable actuación, desconocimiento o que actúan ilegalmente bajo presiones o por intereses particulares. La gente del común desconfía, teme, duda. Muchos no denuncian por la seguridad de ver a infractores del código penal o criminales que han afectado sus derechos, sueltos, libres por una mala interpretación de las normas. Un ejemplo clásico es el abuso con el principio del debido procesoconvertido en muchos casos en debidos procesos para la impunidad. Otro caso aberrante se presenta con el principio de libertad por vencimiento de términos en el cual abogados inescrupulosos dilatan meses, años procesos para lograr la libertad de procesados o denunciados aún a sabiendas de la culpabilidad de sus defendidos. En muchos de estos casos fiscales y jueces se van por la línea del menor esfuerzo y permiten estas acciones dolosas que, por supuesto, afectan la justicia y el derecho de los afectados a su aplicación. Ni que decir la pésima interpretación de la flagrancia que deja atónitos a los afectados.

En este aparte surge una pregunta que se hace necesario hacerla pública: ¿están los operadores de la justicia, jueces, fiscales, magistrados, debidamente preparados para ejercer sus funciones? ¿Están al día en el conocimiento del avance del derecho dentro del campo de la modernidad y la democracia? ¿Actúan dentro de la norma jurídica o la malinterpretan  por presiones indebidas, dolo o pretensiones personalistas en defensa de sectores políticos, económicos o sociales? Juzgue usted, amigo lector.

¿Legalidad de la administración? ¿Quienes trabajan en el sector público tienen la capacidad suficiente y la preparación para desempeñar sus cargos? Las dudas en este principio se hacen más fuertes por razones que todos conocemos en cuanto a los cargos por elección popular: a. Compra de votos, b- constreñimiento al elector, c- mala fe en algunos operadores dentro de la Registraduría nacional, c-connivencia de los partidos (aparentemente independientes) para defender sus intereses personalistas o de grupo aún en contra de los intereses del colectivo. Miles de funcionarios en el poder legislativo con sueldos que superan el pago que en países desarrollados ganan los elegidos por un trabajo correcto, pero que en Colombia no lo realizan  por pereza aún con las aparentemente legales prebendas que tienen: tiquetes gratis, autos de alta gama adjudicados con sus respectivos esquemas de seguridad, primas extralegales que son una vergüenza en medio de la pobreza, el desempleo y la angustia de la mayor parte de los habitantes de este bello país. Sumado a lo anterior, el trabajo de tres días a la semana, tres meses dentro de un semestre y unos sueldos de potentados de multinacionales o jeques petroleros. Los políticos en Colombia, son una afrenta a la sindéresis y a la justicia social.

¿Protección de los Derechos Fundamentales? Encabezamos este escrito con el artículo 1 de nuestro mandato constitucional cuya tesis central reposa en la frase: “… fundada en el respeto de la dignidad humana…”. ¿Dignidad humana? ¿Cuál dignidad humana puede haber en un país cuyos dirigentes políticos, los funcionarios públicos y mucha de la organización privada empresarial se han sumergido en el barril sin fondo de la corrupción?

Entonces la brújula, la esencia del Estado Social de Derecho se pierde en esa corrupción que afecta la salud, la educación, el bienestar, la vida, el empleo. El pueblo, los de abajo, quienes no tienen perspectivas de trabajo digno buscan salidas por fuera de la legalidad. He ahí el origen de la violencia que día a día consume a nuestro país que, además, nos lleva al límite del abismo y del caos. Entonces, volvemos a nuestra pregunta inicial: ¿Es Colombia un Estado Social de Derecho?

POST SCRIPTUM: En próximo escrito estaremos analizando la crisis social que vivimos, donde impera la ley del más fuerte, el individualismo por encima de la solidaridad, la creencia de que el “más vivo” gana a quien se ajusta a la ley, a las buenas maneras, al respeto por los demás, crisis que empieza en los hogares, se acrecienta en las escuelas y se profundiza en el cotidiano vivir de los colombianos.